Vacío normativo frente a la expansión de la movilidad digital
Las plataformas de movilidad y entrega a domicilio concentran un volumen diario de 648 mil operaciones en el Perú, de las cuales el 80% se ejecuta en la red vial de Lima. Sin embargo, este despliegue operativo funciona en un entorno desprovisto de una norma sectorial nacional específica para la intermediación digital. Un reciente informe elaborado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) y el Observatorio de Plataformas-Perú advirtió vulnerabilidades críticas en materia de seguridad vial, trazabilidad de vehículos y cumplimiento de la legislación sobre defensa del consumidor.
La ausencia de un marco legal unificado genera una fragmentación de competencias entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los municipios locales y el Indecopi. Esta dispersión institucional limita la fiscalización técnica sobre el parque vehicular adscrito a las aplicaciones, omitiendo la creación de un registro nacional de conductores y propietarios. Como resultado, la flota operativa circula bajo estándares disímiles que comprometen la fiscalización del transporte público urbano.
Brechas en seguridad vehicular y formalidad operativa
La evaluación de campo, desarrollada mediante 70 pruebas de cliente incógnito entre diciembre de 2025 y enero de 2026 sobre servicios como Uber, DiDi, Yango, inDrive y Cabify, expuso deficiencias estructurales en los controles de seguridad y formalidad. En el segmento de transporte en automóviles (categoría M1), solo el 18% de las unidades inspeccionadas exhibió de forma visible la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), aun cuando la totalidad de los documentos verificados se encontraba vigente.
Por su parte, el segmento de mensajería y paquetería registró distorsiones operativas. Un 12% de los servicios evaluados presentó discrepancias entre la placa del vehículo que acudió al servicio y la información registrada en la aplicación. Aparte de este problema, el estudio identificó un fenómeno de informalidad recurrente: el 10% de los repartidores evaluados accedió a transportar pasajeros a bordo de motocicletas lineales (categoría L), una modalidad explícitamente prohibida por la normativa peruana.
Sobre esta problemática operacional en las vías públicas, el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, el parlamentario Luis Quispe Candia, indicó: «Durante años venimos discutiendo este tema y mi posición ha sido señalar que el transporte de pasajeros en moto es ilegal, por lo tanto se necesita de la acción inmediata del MTC para regular ello. Desde mi gestión en el Parlamento, tendrán toda mi disposición para iniciar la redacción de una norma para el sector».
Riesgos jurídicos y protección al consumidor
El análisis comparativo sitúa a las firmas Yango y Cabify con mayores estándares de protección al usuario, mientras que Uber y DiDi se ubicaron en un segmento intermedio, e inDrive registró el mayor nivel de riesgo regulatorio. Entre las fallas comerciales recurrentes, dos de las compañías analizadas no disponían de Libro de Reclamaciones digital, tres carecen de domicilio legal en el país y dos obligan a resolver disputas legales en jurisdicciones extranjeras.
Respecto a las deficiencias del entorno operativo y la urgencia de aplicar supervisiones efectivas en las vías, la directora del Observatorio de Plataformas-Perú, Alejandra Dinegro, afirmó: «Así como la inseguridad está en las calles, las modalidades para evadir la ley también se trasladan a las plataformas, por ello necesitamos trabajar de la mano con las autoridades correspondientes para proteger a los usuarios».
La necesidad de un marco regulatorio homogéneo
Frente a esta situación, la investigación propone estructurar una política pública basada en cuatro pilares: trazabilidad jurídica de los operadores, homologación de estándares técnicos de seguridad para las unidades, verificación rigurosa de conductores y un régimen sancionador progresivo.
A diferencia de países como Brasil, Chile o México, donde la legislación exige requisitos claros para la operación de vehículos privados en plataformas, el Perú mantiene pendiente la creación de un Registro Nacional de Plataformas Digitales de Movilidad. La implementación de estas exigencias resulta determinante para formalizar la flota circulante, garantizar la cobertura de seguros en caso de siniestros y promover la competitividad en el sector automotor local.
